"En el polígono industrial de El Aaiún", cuenta Carmen Giner, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), "las empresas se ocultan tras muros blancos. No se ven marcas en los camiones ni carteles: saben que lo que hacen no es ético".Empresas como la conservera de pescado española Jealsa Rianxeira, a través de su filial marroquí Damsa, o FMC Foret, fabricante de productos químicos, están presentes en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el caso de la primera, o bien, como la segunda, compran los fosfatos de la mina de Bucraa explotados por el consorcio estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP).160.000 refugiados saharauis de Tinduf viven de la ayuda internacional
Estas y otras actividades, denuncia Giner, "violan las leyes internacionales" porque Marruecos carece de título "de soberanía o de administración del territorio y no tiene derecho a beneficiarse de unos recursos que, según la onU, pertenecen a la población autóctona: los saharauis".WSRW es una red internacional que desde 2005 ha hecho de la denuncia de lo que definen como un "expolio" su causa.
Pero esta organización, que ha logrado que "compañías como Iberdrola se replantearan" su presencia en la ex colonia española, no sólo tiene en su punto de mira a Marruecos. También a los gobiernos, sobre todo el español y el francés, la UE, y todas las empresas que se benefician de unos recursos "que no revierten en los saharauis", explica Giner.
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