Sam, que declaró como testigo en la séptima sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la identificación errónea de 30 de los 62 fallecidos, explicó que, al adoptar esta decisión, el general español "prometió" a las autoridades turcas que los trabajos de identificación que faltaban por hacer se llevarían a cabo "en España".
Tras este compromiso, según el relato del forense, las autoridades de la Fiscalía turca firmaron con el teniente general Beltrán y el general Navarro el acta de entrega de los cadáveres, en el que constaba explícitamente que 30 de los cuerpos no habían sido identificados.
Según explicó, los trabajos de reconocimiento se realizaron a partir de signos externos como los elementos de graduación que los militares tenían en el uniforme o los anillos y las cadenas que portaban. A su finalización, en la medianoche de 27 al 28 de mayo, "había 30 cadáveres que no pudieron ser identificados", por lo que los forenses turcos propusieron y llevaron a cabo la toma de muestras para hacer pruebas de ADN.
Sin embargo, Sam explicó que las autoridades españolas les dijeron que "no podían esperar los resultados" de estos trabajos, que se habrían dilatado en el tiempo porque precisaban del cotejo de muestras de los fallecidos con los de sus familiares. "Les dijimos que sólo de este modo se podía llevar a cabo la identificación de todos los cadáveres", señaló.
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