El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.
El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.
Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.
