El nivel de exterminio, durante y después de la guerra, contra la población civil, tanto en el Estado como en Donostia, nos sorprende con cifras de auténtico genocidio, del que no se ha tomado conciencia por nuestra parte hasta la fecha.Conocíamos casos individuales, pero no la magnitud de la tragedia, cuantía que en Donostia se ha podido concretar tras un trabajo ímprobo, minucioso e impagable realizado por Iñaki Egaña, puesto que las instituciones siguen mirando para otro lado.
El Estado español sigue siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, detrás de la Camboya de Pol-Pot. Tiene más desaparecidos que toda Hispanoamérica. Nada menos que 340.000 (150.000 desaparecidos y 190.000 fusilados con juicio farsa o sin él), sin contar los 30.000 niños desaparecidos.
Donostia, sigue teniendo 385 donostiarras asesinados que va siendo hora de que los saquemos del «armario», y representan en 1,13% de la población civil que no evacuó la ciudad a la entrada de los franquistas.
Es increíble que a estas alturas sean las familias de los desaparecidos las que busquen a los que el Estado hizo desaparecer. En cualquier lugar del mundo está reconocido que es el Estado quien está obligado a hacerlo.
Es preciso concienciar a la ciudadanía de que seguimos viviendo en la anormalidad jurídica, y que a quien hay que copiar es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no a Franco, como se ha hecho con la Ley de la Memoria Histórica, porque esta Ley enmascara los crímenes del franquismo contra la humanidad.
Que no nos confundan, no se pide que les devuelvan la dignidad, porque nunca la perdieron, fueron sus asesinos los que la perdieron y no la recuperaron
Las víctimas de Hitler y Mussolini fueron honradas y reconocidas como luchadores antifascistas, y los responsables juzgados. Y aquí, sin embargo, nos encontramos con víctimas en las fosas clandestinas realizadas por los verdugos, con familiares pidiendo su devolución.
No pudimos hacer antes nada por ellos, pero sí podemos defender a sus familias para que el Estado respete sus derechos.
A partir de ahí, poco importa el trabajo que tengamos por delante. Ellos se enfrentaron a algo infinitamente peor por todos nosotros, y el Derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté en nuestro propio país por la transición inconclusa que impide que todos los proyectos políticos puedan realizarse y los derechos individuales y colectivos sean respetados.
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.
En la última edición de los 'Cuadernos de pensamiento político' de FAES, el catedrático de Derecho Político Manuel Ramírez publica un artículo en el que afirma que el régimen autoritario de Franco no fue "un conjunto estático", sin cambios ni variaciones, sino que en su análisis se pueden distinguir hasta tres etapas unidas por el nexo común de la "fidelidad política" al entonces jefe del Estado.
Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.
Ambos han sido los encargados de "presidir" el acto, en el que tambien ha tomado la palabra Lander Garcia, miembro de Ahaztuak, para señalar que "hace no tantos años nadie hubiera pensado que tres décadas después de la que se nos ha vendido oficialmente como modélica transición, iba a ser posible construir un movimiento popular activo y dinámico en torno a la denuncia política del franquismo y sus consecuencias".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido la investigación sobre los denominados 'niños perdidos del franquismo' a siete Juzgados decanos de España, en concreto los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, según se desprende de un auto del magistrado.
Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.
