Conocíamos casos individuales, pero no la magnitud de la tragedia, cuantía que en Donostia se ha podido concretar tras un trabajo ímprobo, minucioso e impagable realizado por Iñaki Egaña, puesto que las instituciones siguen mirando para otro lado.
El Estado español sigue siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, detrás de la Camboya de Pol-Pot. Tiene más desaparecidos que toda Hispanoamérica. Nada menos que 340.000 (150.000 desaparecidos y 190.000 fusilados con juicio farsa o sin él), sin contar los 30.000 niños desaparecidos.
Donostia, sigue teniendo 385 donostiarras asesinados que va siendo hora de que los saquemos del «armario», y representan en 1,13% de la población civil que no evacuó la ciudad a la entrada de los franquistas.
Es increíble que a estas alturas sean las familias de los desaparecidos las que busquen a los que el Estado hizo desaparecer. En cualquier lugar del mundo está reconocido que es el Estado quien está obligado a hacerlo.
Es preciso concienciar a la ciudadanía de que seguimos viviendo en la anormalidad jurídica, y que a quien hay que copiar es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no a Franco, como se ha hecho con la Ley de la Memoria Histórica, porque esta Ley enmascara los crímenes del franquismo contra la humanidad.
Que no nos confundan, no se pide que les devuelvan la dignidad, porque nunca la perdieron, fueron sus asesinos los que la perdieron y no la recuperaron
Las víctimas de Hitler y Mussolini fueron honradas y reconocidas como luchadores antifascistas, y los responsables juzgados. Y aquí, sin embargo, nos encontramos con víctimas en las fosas clandestinas realizadas por los verdugos, con familiares pidiendo su devolución.
No pudimos hacer antes nada por ellos, pero sí podemos defender a sus familias para que el Estado respete sus derechos.
A partir de ahí, poco importa el trabajo que tengamos por delante. Ellos se enfrentaron a algo infinitamente peor por todos nosotros, y el Derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté en nuestro propio país por la transición inconclusa que impide que todos los proyectos políticos puedan realizarse y los derechos individuales y colectivos sean respetados.
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