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miércoles, 29 de abril de 2009

1º de mayo: Que la crisis no la paguen los trabajadores

Andalucía es, tras Canarias, la región con más paro del país, al sobrepasar el 24%. Desde la CNT andaluza se llama a la organización de los trabajadores como única arma contra el Capital.Hace ahora un año justamente, por mayo de 2008, la CNT celebraba que por fin los gobernantes comenzasen a hablar, abiertamente y sin disimulos, de la crisis que, al menos desde el año anterior, había comenzado a dar signos manifiestamente preocupantes. Por fin se abandonaban los eufemismos: “recesión, desaceleración o crecimiento negativo”. Desde luego, los trabajadores que perdían sus puestos de trabajo o las familias que veían aumentar las dificultades para acabar el mes no caían presos de estos matices lingüísticos. Nuestro sindicato avisaba, a la vez, de que habíamos de “prepararnos para tiempos mucho peores”.

No se equivocaron los pronósticos, de la CNT o de otros muchos, en este sentido. El sistema capitalista nos brinda de cuando en cuando estos períodos de crisis, con diferente intensidad, y contra ellos se procura a sí mismo su propio reajuste, del que suele salir fortalecido a costa, por supuesto, de los trabajadores y las clases más humildes: recordemos la crisis vivida a mediados de los 90, o la del petróleo de los años 70. Pero ésta de ahora parece ser la peor de todas las vividas al menos desde la II Guerra Mundial.

sábado, 21 de marzo de 2009

LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LA SECTA ICAR

La llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR) fue corresponsable decisiva en la agresión a Canarias y su posterior sometimiento, de la venta como esclavos de las canarias y los canarios y de la despiadada represión ideológica y religiosa a través de mecanismos como la Inquisición y sus ejecuciones por incineración de seres humanos vivos. La ICAR controló la educación de generaciones sometidas al colonialismo, y fue participe activa en los asesinatos masivos desatados por el golpe fascista de 1936, mediante la bendición a los asesinos y la delación de los demócratas. En todo el periodo colonial, y en especial durante el fascismo, esta secta se benefició de todos los privilegios como religión única y obligatoria.
No ocurrió sólo en Canarias.

En toda América Latina jugó el mismo papel de cómplice criminal, primero del genocidio colonialista y luego de las distintas dictaduras militares, estando implicada directamente en torturas y asesinatos. En Europa, además de su larga historia de corrupción y crímenes, mantuvo un cordial entente con el fascismo y el nazismo. En el Estado español, todavía hoy se beneficia de los privilegios otorgados por la monarquía y el fascismo, siendo financiada con dinero público y con exenciones de impuestos, además de con el pago de los salarios de sus adoctrinadores en las escuelas públicas.

Fiel defensora de los postulados más reaccionarios, esta secta perniciosa no sólo no ha sido prohibida por la democracia burguesa, sino que sigue campando a sus anchas, generando odio a los homosexuales, a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, a los que defienden postulados laicos o hacia quienes defienden el desarrollo científico de la terapia genética. Aún más, plagada de pederastas a los que protege, la ICAR insulta y anatemiza a quienes quieren ejercer su derecho al libre disfrute de su sexualidad.

Llegados a este extremo, el nuevo jerarca de la ICAR, un antiguo miembro de las Juventudes Hitlerianas, se atreve a proclamar en Camerún -antigua colonia alemana- que el uso de condones no sólo no previene el Sida, sino que es perjudicial para esa prevención. Tal actividad propagandística, que es la oficial de la secta, es un criminal delito contra la salud pública que debería ser perseguido penalmente. Mucho más si tenemos en cuenta que en nuestro continente el número de afectados por el Sida supera los 25 millones de personas y provoca 5 millones de muertes al año.

Independientemente de la sinceridad y las buenas intenciones de buena parte de los afiliados a la ICAR, debemos exigir de las instituciones públicas -y mucho más si se llaman a sí mismas “democráticas”- que esta secta deje de recibir dinero público, que a sus agentes no se le permita acercarse a menores de edad, y que sus jefes sean investigados por posibles crímenes contra la humanidad.