Júlio César Grassi es un sacerdote que abusó de su poder para abusar sexualmente de los chicos que tenía a cargo. Y ya no interesa cuántos casos fueron. Basta con que se haya comprobado uno. La pregunta es quién se encarga ahora de estos chicos.
Julio César Grassi es un cura abusador de menores. Así lo determinó la Justicia y poco importa si le comprobaron uno, dos, tres o un millón de casos. Es abusador, y punto. Y es sacerdote, y estaba a cargo de un montón de chicos, y por el momento sigue con la posibilidad concreta de acercarse a muchos de esos niños. Y ni los jueces ni nadie se lo impiden. Y la Iglesia todavía no dice nada al respecto. Y…
El punto en cuestión a partir de este caso, es determinar quién se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes que viven en Argentina en condición de marginalidad y que a veces son “rescatados” por falsos mesías que, como tales, juegan a ser héroes por un rato. Hasta que alguna de las víctimas se anima a denunciarlos o hasta que el trabajo periodístico, en su rol social más importante, se encarga de sacar de la oscuridad hechos de corrupción que involucra a poderosos y famosos.
¿Por qué Grassi no fue directamente a prisión y puede gozar de la libertad hasta que la sentencia quede firme? Por los caprichos legales que, afortunadamente, sirven para honrar los derechos y garantías constitucionales.
Definitivamente la Justicia no es ciega en este país. Tiene los ojos bien abiertos y estudia los nombres y apellidos, influencias, amistades y cuentas bancarias de quienes se sientan en el banquillo de los acusados. Un violador común y corriente, de la calle, no goza de tantas garantías, aunque debería.
¿Por qué no sale ningún personaje mediático a pedir cárcel común, inmediata y fusilamiento para el sacerdote abusador? Por los caprichos de las escalas sociales. Porque por alguna extraña razón, ese violador, común, corriente y de la calle, recibe la inmediata condena social. Pero el cura no; el cura es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Si al final de cuentas, Grassi sólo abusó de unos chicos pobres que sacó de la calle.
El perdón le costó a la Iglesia católica de EEUU más de 300 millones de euros en 2008. Es la cuantía que tuvo que desembolsar para hacer frente a los juicios por casos de sacerdotes pederastas.
